La aprobación y promulgación de la vigente Ley de agricultura social y familiar, que no partió del necesario consenso social y sectorial, fue intensamente contestada por las organizaciones agrarias, por las comunidades de regantes y por otros agentes del sector a los que iba dirigida

La Ley 6/2023, entre otras cuestiones, modifica elementos esenciales de régimen de las explotaciones ganaderas intensivas que conllevan un significativo impacto económico en su economía; altera, incluso, por elevación de rango normativo, la eficacia de la Administración y su capacidad de respuesta para regular determinadas situaciones con la suficiente proporcionalidad y flexibilidad; regula de forma parcial determinados subsectores de la actividad en forma contradictoria y marginal con la legislación básica estatal y con el conjunto de la legislación hidráulica; e incurre, adicionalmente, en extralimitaciones competenciales, como es el caso de la regulación del regadío que introdujo su título II o las obligaciones dirigidas a funcionarios públicos, notarios y registradores de la propiedad o mercantiles que establece su artículo 50.

El Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado adoptado en octubre de 2023, en evitación de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por el Estado que hubiera generado un conflicto judicial, impone la revisión y modificación de los contenidos normativos que afectan a los proyectos e infraestructuras públicas de regadío de competencia estatal, a la derogación del artículo 50 y la revisión y modificación de otras disposiciones que guardan relación con aquéllas.

Tales cuestiones limitan el alcance de su eficacia última y su valor normativo y utilidad social y abocan a su revisión en profundidad y a la derogación y sustitución de una parte sustancial de sus contenidos.

El departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón está trabajando en la revisión, para este primer semestre de 2024, de los artículos más conflictivos, con la finalidad de introducir los cambios sustanciales que demandan nuestros agricultores y ganaderos.

El trabajo que está desarrollando el departamento que dirige Angel Samper comprenderá aquellas cuestiones demandadas los profesionales del sector primario en la comunidad.

Es el caso del régimen de regadíos, que requiere adecuar técnicamente la regulación del sistema de la vigente ley para posibilitar la aplicación efectiva y plena del sistema de financiación que contiene, así como abrir la norma a mecanismos de cooperación público-privada que permitan acometer un mayor número de obras de regadío según demandan las necesidades del sector y a nuevos instrumentos que garanticen mayores posibilidades de financiación.

Otros de los extremos a revisar persiguen la eliminación de las distorsiones producidas por la regulación en la vigente ley del régimen de las unidades mínimas de cultivo, la necesaria claridad y seguridad jurídica del régimen de distancias mínimas de las explotaciones ganaderas o el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Estado para derogar, por su inconstitucionalidad, el artículo 50, sobre obligaciones impuestas a funcionarios públicos, notarios y registradores en el ejercicio de sus funciones en relación a bienes procedentes del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma y que afectan a documentos públicos y a su inscripción registral.

La revisión de la ley incorporará el refuerzo de la protección del suelo productivo para que sea incompatible con el desarrollo de proyectos de energías renovables en suelos agrarios, según sus categorías.

La ley podrá proporcionar, adicionalmente, cobertura normativa suficiente para las actuaciones encaminadas a mitigar los daños agrarios que ocasionan las plagas de conejos.

La revisión de la Ley de agricultura social y familiar de Aragón constituye uno de los objetivos prioritarios del departamento ya que, como ha insistido en numerosas ocasiones el consejero, Ángel Samper “es una ley que no contó con el aval de la mayoría del sector”.