Estas últimas semanas nadie ha podido estar ajeno a las movilizaciones o tractoradas de los agricultores repartidas por todo el territorio. Ya sea porque las han sufrido, porque han participado, porque las han apoyado o porque las han comentado, lo que demuestra su éxito. El campo tiene derecho y razones para movilizarse. Desde sus inicios, la PAC –Política Agrícola Común– se marcó el objetivo de incrementar la producción de alimentos dentro de la Unión Europea; tras la posguerra había que asegurar la soberanía alimentaria, así como permitir unos ingresos dignos a los agricultores, para que pudiesen seguir produciendo alimentos. Consiguieron ambos objetivos en parte; Europa incrementó su capacidad productiva, pero el número de agricultores ha ido disminuyendo paulatinamente, quedando la tierra cada vez en menos manos –se ha reducido el número de unidades productivas un 37% en lo que llevamos de siglo–, incrementándose su tamaño. Estas políticas productivistas han generado a su vez numerosos problemas medio ambientales –pérdida de biodiversidad, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, presencia de pesticidas en los alimentos, degradación de los suelos, etc.–, que se están intentando paliar mediante la nueva PAC, apostando por una agricultura más verde, a través del pacto verde europeo De la Granja a la mesa, que pretendía reducir en un 50% el uso de pesticidas en 2030, entre otras cuestiones.

Comparto parte de las reivindicaciones de las tractoradas, como la de reducir los trámites burocráticos, ya que cada vez los profesionales del campo, incluidos los técnicos, estamos más tiempo delante de las pantallas que en el campo. También es legítimo el exigir las mismas reglas de juego para todos, a través de las cláusulas espejo, para que toda la mercancía agrícola que entre en Europa tenga que cumplir los mismos requisitos que se les imponen a los agricultores europeos. Lo que no comparto es que reduzcamos nuestras exigencias sociales o medioambientales para equipararnos a dichos países, no podemos retroceder 50 años. Que sean ellos los que se adapten a nuestra normativa si quieren exportar a la UE.

Tomarse en serio y aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria, es otra de las reivindicaciones que comparto, ya que no es normal que los agricultores no puedan decidir el precio al que vender sus productos, sino que sean los intermediarios o las multinacionales las que lo impongan.

Unido a estas dos últimas demandas, lo que yo pediría a los que participan en las tractoradas es que sean consecuentes con sus reivindicaciones, y que apliquen a su nevera o despensa lo que solicitan a los políticos, ya que, como la mayoría de los mortales –y no me incluyo en ellos–, a la hora de comprar, únicamente se mira el precio y no el origen de los productos que consumimos, así como tampoco dónde adquirirlos, ya que todas las tiendas o cadenas no tratan igual a sus proveedores.

Estoy totalmente en contra de las reivindicaciones que piden la eliminación y/o reducción de los aspectos medioambientales de la PAC –Pacto verde De la Granja a la mesa– o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS ¿Quién puede estar en contra de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad mundial? Entiendo que los cambios cuestan y que sería lógico facilitar cierta flexibilidad los primeros años, permitir periodos de adaptación y acompañar durante todo el proceso a través de la formación, el asesoramiento o el tutelaje gratuito. Pero no su eliminación, ya que impedirá la adaptación del sector a los escenarios futuros de incertidumbre climática. Limitar los requisitos medioambientales en un sector que tanto mira al cielo, ya que depende de la salud ecosistémica para seguir cultivando, es pan para hoy y hambre para mañana.

Necesarias son también las reivindicaciones por la pérdida de relevo generacional, hay que hacer viable y dotar de servicios al medio rural para hacerlo atractivo a los jóvenes. Los vaivenes legislativos, la falta de precios justos y la necesidad de grandes inversiones hacen muy difícil la continuidad o la incorporación de jóvenes agricultores al mismo. Este caldo de cultivo está favoreciendo que sean los fondos de inversión los que tomen dicho relevo del sector agrícola y ganadero, primando maximizar los beneficios y la rentabilidad empresarial en detrimento del desarrollo rural, la obtención de alimentos de calidad y la protección del medio ambiente.

¿Son los fondos de inversión los mayores beneficiarios de dichas movilizaciones? No lo creo, pero parece que una parte del discurso lo han redactado ellos. Los problemas del campo tienen que ver más con la industrialización y la liberalización de la industria agrícola que con la aplicación de medidas medioambientales. No hay que olvidar que muchos de los productos que hacen competencia desleal a los productores europeos, son cultivados y/o importados por grupos empresariales o fondos de inversión europeos, de ahí la importancia de saber elegir qué comprar, cuándo comprar y dónde comprar. La sociedad no tiene que dar la espalda al campo, tiene que apoyarlo, siempre que sus derechos y demandas como consumidores tampoco se vean diezmados, como está ocurriendo con alguna de las propuestas demandadas en las tractoradas.

La actual tendencia de polarizar la oferta de los productos agroalimentarios destinados o a la sección del todo a 100 o a la sección gourmet, no beneficia ni a consumidores ni a productores, ya que con precios bajos difícilmente se pueden garantizar salarios dignos para quienes los producen, ni tampoco el cumplimiento de criterios medio ambientales o de calidad, sanos, sabrosos y seguros. Hasta que no consigamos desmercantilizar la agricultura y la ganadería, volviendo a producir alimentos en lugar de mercancías, sin importar únicamente el beneficio empresarial, quiénes los produzcan y cómo los produzcan seguirá importando poco.